Convive Cádiz, una plataforma que representa a propietarios y gestores de viviendas de uso turístico (VUT), ha expresado su rechazo a la nueva campaña que busca señalar a estas viviendas como responsables de la crisis de vivienda en la ciudad. En un comunicado, se refieren al procedimiento de consulta popular impulsado por un grupo de formaciones de izquierdas, que busca que los gaditanos se pronuncien sobre la implementación de una nueva licencia urbanística para regular las VUT.
La pregunta que se plantea en esta consulta es si se debería modificar las normas urbanísticas para que las viviendas de uso turístico se sometan a licencia municipal, lo que implicaría la eliminación de aquellas que no cumplan con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente.
Convive Cádiz ha encargado un informe jurídico al bufete Themis, que concluye que ni una recogida de firmas ni una consulta popular pueden modificar el planeamiento urbanístico, ni crear licencias municipales, lo que significa que no se pueden retirar de forma colectiva las VUT preexistentes.
Según el informe, la eliminación de estas viviendas podría comprometer hasta 510 millones de euros en actividad económica acumulada en diez años, con una pérdida directa que podría oscilar entre 61 y 143 millones de euros, dependiendo de cómo se absorba la demanda por parte del sector hotelero. Además, se estima que esto podría impactar entre 845 y 1.471 empleos directos e indirectos en la ciudad.
La plataforma argumenta que, aunque los hoteles cumplen una función importante, no pueden satisfacer la demanda actual de familias y grupos que buscan estancias con cocina y mayor autonomía. Aseguran que eliminar esta oferta no trasladaría automáticamente todo el gasto a los hoteles, y que parte de los visitantes simplemente no vendrían a Cádiz.
De las más de 56.500 viviendas en la ciudad, las 1.474 VUT representan solo el 2,61%. Cerrar esta actividad no necesariamente resultaría en que estas viviendas se destinen al alquiler habitual; muchas seguirían como segundas residencias, quedarían vacías o se venderían a precios altos. El informe indica que menos del 7% de estas viviendas podría incorporarse al alquiler estable, lo que aportaría solo 103 viviendas al mercado, apenas el 0,18% del parque residencial.
Convive Cádiz sostiene que la verdadera problemática radica en las segundas residencias, las viviendas desocupadas, las fincas públicas sin uso y la falta de incentivos para el alquiler estable, y que cerrar una VUT no generará viviendas asequibles. Insisten en que no piden privilegios, sino el cumplimiento de la regulación existente y una lucha contra la actividad clandestina.
El Ayuntamiento de Cádiz ya reguló las VUT en 2022 y amplió esa regulación en 2025, y ninguna iniciativa vecinal puede obligar al Pleno a asumir una consulta que carece de fundamento jurídico.
