El Ayuntamiento de Cádiz ha completado o está en proceso de construcción de un centenar de nuevas viviendas públicas en diferentes zonas de la ciudad. Este avance casi duplica la cantidad de viviendas que el anterior gobierno de Adelante Cádiz logró edificar en un periodo de ocho años. Sin embargo, estas cifras resultan insuficientes ante la creciente demanda de vivienda pública en la capital.
A pesar de que se prevén varios cientos de nuevas viviendas sociales en la agenda municipal, el progreso se ve obstaculizado por la lentitud administrativa. Proyectos significativos, como los previstos en los terrenos de los antiguos colegios Adolfo de Castro y Carmen Jiménez, tienen el potencial de albergar varias centenas de viviendas, pero requieren modificaciones en el Plan de Ordenación Urbana, un proceso que avanza lentamente.
Se sugiere considerar una modificación del ordenamiento urbanístico para acelerar estos cambios, especialmente dado su valor social. La Junta de Andalucía cuenta con la Unidad Aceleradora de Proyectos, que ha mostrado eficacia en reducir la burocracia, como se ha visto con el nuevo Hospital de Cádiz.
La Junta debería desempeñar un papel activo en la expansión del parque de vivienda pública, especialmente teniendo en cuenta que posee una gran cantidad de suelo en Tolosa Latour y dos antiguos equipamientos, Náutica y Valdeíñigo, que sumarían 369 pisos. Sin embargo, el proceso avanza con lentitud, y ya se cumplen 18 meses de espera para ratificar el convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para redefinir estos terrenos.
Es preocupante que se tarde tanto en un documento que debería haberse elaborado con urgencia, especialmente considerando la grave situación de la vivienda social en Cádiz. Además, se ha conocido que la Junta está avanzando en proyectos no habitacionales en estos mismos terrenos, como un complejo de oficinas con una inversión de 16 millones de euros, mientras que los fondos para viviendas siguen siendo limitados.
A pesar de que se han proyectado 180 viviendas, este número podría incrementarse si no se construye el complejo administrativo. En contraste, avanza la planificación de viviendas en la antigua Escuela de Náutica, donde se promoverán viviendas de protección oficial con un enfoque social, según indicó el alcalde Bruno García.
No obstante, el gobierno municipal aún no ha tomado medidas para reordenar el polígono exterior de la Zona Franca, que es clave para un desarrollo inmobiliario significativo en la ciudad, con la capacidad de construir miles de viviendas. La falta de diálogo entre las administraciones en este complicado proceso urbanístico es preocupante, especialmente si el Ayuntamiento no toma la iniciativa y el Consorcio persiste en mantener el uso industrial del suelo.
Además, el Ayuntamiento debe activar la operación en las Casitas Baja.
