La Guardia Civil realizó durante la mañana del miércoles 1 de julio varios registros en locales e inmuebles relacionados con un conocido empresario de El Puerto de Santa María, en el marco de una operación que se desarrolló de manera simultánea en las provincias de Cádiz y Sevilla.
Las operaciones incluyeron la discoteca Banana, ubicada en la Ribera del Marisco, y unas oficinas en la calle Misericordia, que gestionan diversas actividades empresariales. Medios locales también mencionan registros en el restaurante Babú y en el domicilio del empresario, aunque estos últimos detalles no han sido confirmados oficialmente.
El empresario en cuestión es Pascual Llopis, reconocido en la ciudad por su vinculación con negocios de ocio y hostelería, así como por ser uno de los promotores del Festival Puro Latino. Según fuentes de la investigación, las diligencias también afectarían a varios socios del empresario en Cádiz y Sevilla, y estarían relacionadas con un posible delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La investigación se inició en 2023 y los detalles específicos permanecen bajo secreto judicial.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de Sevilla, con el apoyo de la Comandancia de Cádiz. Las actuaciones se extendieron durante varias horas, sin que se hayan confirmado detenciones hasta el momento.
Además, la operación incluyó una solicitud de documentación en el Edificio Roma de la Diputación de Cádiz, donde los agentes pidieron información sobre varios expedientes de contratos de patrocinio. La institución provincial ha confirmado que su personal colaboró y facilitó la documentación requerida.
El alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, ha negado que la Guardia Civil registrara su despacho, aclarando que los agentes solicitaron información sobre cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario y conciertos en distintas localidades de la provincia. Beardo estuvo presente en el Edificio Roma para apoyar al personal, aunque se retiró al no ser necesaria su presencia.
Según se ha indicado, los expedientes solicitados estarían relacionados con contratos de patrocinio o publicidad de conciertos, incluyendo aquellos vinculados al Festival Puro Latino. Actualmente, el alcance de la documentación analizada y los ejercicios económicos involucrados no se conocen debido al secreto de las actuaciones.
Por último, fuentes consultadas han descartado que la operación esté relacionada con la situación administrativa de los chiringuitos de Puerto Sherry, a pesar de las especulaciones generadas en la ciudad tras los registros iniciales.
